Argentina: La falta de implementación de la firma digital retrasa al país

(Infobae Profesional) Desde que en noviembre de 2001 se sancionó la ley 25.506 de firma digital, y la reglamentación de diciembre de 2002 (decreto 2.628/2002) -que regula las funciones de la autoridad de aplicación de la ley, coordinando los sistemas de auditorías y estándares tecnológicos y dictando algunas normas para la infraestructura de firma digital para la Administración Pública Nacional- poco es lo que se ha avanzado.

La ONTI aún no aprobó las denominadas normas complementarias sobre el proceso de licenciamiento de certificadores , que se encuentran elaboradas y presentadas a consideración de la Subsecretaría de la Gestión Pública desde julio de 2004, que hasta la fecha no se expidió.

Ello posterga proyectos públicos y privados (aceleración de trámites judiciales, difusión de las historias clínicas digitales, etc.), retrasa a la Argentina respecto de países vecinos y pone en peligro la pérdida del mercado regional.

Notificación electrónica para el fuero laboralEl Colegio Público de Abogados firmó en diciembre de 2004 un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para poner en marcha un sistema de adhesión voluntario para recibir las notificaciones judiciales de ese fuero por vía de correo electrónico, lo que significa un avance.

Pero, ¿por qué no dar un paso más y otorgar firma digital a los matriculados que lo soliciten? Dado su carácter de persona jurídica de derecho público (art.

17, L.

23.187) entendemos que el Colegio podría, por ejemplo, ser incluido -por vía de excepción y hasta tanto se regularice el sistema- dentro de las normas de excepción previstas en el decreto 283/03 y actuar en la ONTI como certificador licenciado.El sistema de firma digital no sólo depende de la existencia de terceros de confianza (los certificadores habilitados) sino también, de los terceros confiados, o sea de los que lo entienden como una solución válida, sino también de quienes a los que le corresponde, desde el Gobierno eliminar las trabas para su funcionamiento.Dr.

Horacio R.

Granero Socio de Allende & Brea