España: Las Administraciones públicas se apuntan a la ola del buen gobierno

Aumentar la transparencia en la gestión, fomentar la cultura de ética pública y transmitir a la ciudadanía el compromiso de la Administración autonómica con los valores éticos son las tres premisas básicas que han impulsado al Gobierno de Cantabria a encargar a KPMG un estudio para regular el buen gobierno. El siguiente paso será la elaboración de un código de buen gobierno que regirá el comportamiento de sus altos cargos.

Cantabria se apresura para dar los últimos toques su propio código de buen gobierno, que afectará a todos los cargos públicos de esa Administración pública. El código, redactado en colaboración con KMPG, tiene su origen en el estudio que la Comunidad Autónoma ha encargado a la firma de servicios multidisciplinares y que servirá además de base para que otras administraciones autonómicas y locales elaboren sus propios códigos de comportamiento éticos. La Administración central ya cuenta con un programa de actuaciones para el buen gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros del 18 de febrero del año pasado.

El Gobierno de Cantabria asegura que quiere aproximar el comportamiento de sus altos cargos a las exigencias de los ciudadanos. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, un fenómeno que se ha venido repitiendo en muchos países europeos y que se refleja en el descenso del nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, como consecuencia de las prácticas opacas de gestión, algo a lo que desde la administración cántabra se califica de 'sistemas de poder anticuados'.

El Gobierno de Cantabria asegura que 'quiere aproximar el comportamiento de sus altos cargos y jefes de gabinete a las exigencias de la ciudadanía, para incrementar la confianza de ésta en su Administración'. Buena prueba de su compromiso con la cercanía a la ciudadanía es la afición del presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, a viajar a Madrid en taxi en vez de hacerlo con su coche oficial. Así lo hizo poco antes de las Navidades en el encuentro del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los distintos presidentes autonómicos. Revilla llegó a La Moncloa en taxi y, al ser preguntado por los periodistas, respondió que es más barato y más cómodo que venir acompañado de su chófer y guardaespaldas. 'Es que aquí en España, en cuanto le ponen a uno el galón, nos volvemos locos y, al final, somos gente que debemos de ser normales y sencillos', explicó entonces.

Como aperitivo de otras medidas concretas, el Gobierno cántabro ya ha decidido que los altos cargos que participen en consejos de administración de empresas públicas no perciban dietas por asistir a ellos. 'Las prácticas de buen gobierno entre los altos cargos de la Administración pública son un componente crítico para una sociedad democrática como la nuestra. Sabemos que son un fundamento imprescindible para el adecuado cumplimiento de las funciones públicas y un requisito imprescindible para mantener la confianza de la ciudadanía en la correcta gestión del interés público', explica Vicente Mediavilla, consejero de presidencia del Gobierno de Cantabria.

El futuro código de buen gobierno de esta administración se basará en el estudio que sobre las mejores prácticas en la regulación de la ética pública ha realizado KPMG. El estudio clasifica los distintos principios y estándares ya establecidos en otros organismos e instituciones públicas nacionales e internacionales en dos bloques. El primero de ellos abarca las medidas relativas a la integridad personal de quien ocupa el cargo y se refiere a aspectos como la no aceptación de regalos que superen una determinada cuantía.

El segundo de los bloques contiene medidas relacionadas con el desempeño del cargo como la obligación de justificar las decisiones adoptadas y la eficacia y transparencia en la gestión administrativa e informativa.

La supresión de los tratamientos protocolarios

El estudio realizado por KPMG para el Gobierno de Cantabria contempla una serie de medidas éticas y de buen gobierno, entre ellas se encuentra la de la conveniencia de suprimir los tratamientos protocolarios y sustituirlos por el de señor o señora. Otros aspectos recogidos en el informe son los de las incompatibilidades para el desempeño de otros puestos de trabajo, la ausencia de poder y tráfico de influencias, la austeridad en la manifestación de poder, la moderación en la expresión de opiniones personales y la obligación de declarar bienes y derechos. Además, en el desempeño de su trabajo, los altos cargos deben cumplir con la confidencialidad, justificar y motivar sus decisiones que deberán ser proporcionales, practicar la transparencia informativa, promocionar la cultura y gestionar correctamente los recursos públicos.

Fuente: Cinco Días

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