Costa Rica: JUSTICIA Y SEGURIDAD HARÁN INVESTIGACIÓN
(Gobierno Digital - http://www.go.cr/) -- La Ministra de la Presidencia, Rina Contreras, ordenó a los jerarcas de Justicia y de Seguridad que hagan una investigación exhaustiva sobre la empresa norteamericana que se dedica a vender información privada de los costarricenses.La Ministra de Justicia, Patricia Vega, será la encargada de la investigación, pues coordina las acciones del Consejo Nacional de Seguridad Integral de la administración Pacheco de la Espriella.
El Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, colaborará en el proceso.Que procedan a hacer la investigación del caso, para averiguar de qué estamos hablando, porque no tenemos ninguna información de esta empresa, dijo Contreras.Según las publicaciones de los medios, empresas estadounidenses se dedica a comprar información personal en 10 países de América Latina para venderla a las agencias federales de esa misma nación.
Entre los 10 países se incluye a Costa Rica.
Washington procura controlar los registros personales, descripción física, movimientos bancarios, actividades y correspondencia de los extranjeros, en especial de los que ingresan a ese país.La Ministra señaló que se conoce de una compañía, que funciona en Costa Rica hace unos 7 años, a la que están adscritos, por ejemplo, abogados y bancos, quienes utilizan esos servicios para indagar más sobre los clientes que solicitan sus servicios.
La empresa cobra el acceso vía Internet.Hay un recurso de amparo interpuesto ante la Sala IV sobre los datos que esta empresa da, pero no hay ninguna resolución judicial sobre si este tipo de servicio es delito o no, explicó Contreras.En junio del 2002, el Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, Rolando Laclé, presentó un proyecto de Ley, que contiene la iniciativa planteada por el ex diputado Constantino Urcuyo en 1996.Dicho proyecto pretende establecer el recurso Hábeas data mediante la adición del capítulo IV al artículo III de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
El hábeas data es un mecanismo que permite a las personas exigir el acceso a la información que sobre ellas se almacena en bases de datos tanto públicas como privada.Para la Ministra hay una parte de la vida privada que hay que respetar, pero por otro lado también es importante que un banco pueda investigar, por ejemplo los casos de gente que no es muy honesta.
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