Introducción

En notas anteriores reiteramos nuestra hipótesis de que el factor primordial que condiciona la calidad de los productos, resultados e impactos de los procesos de reforma, modernización y gobierno electrónico es la variable Probidad Pública (PP), que definimos como (1): “propensión exhibida por los integrantes de los poderes del Estado para servir a todas las personas como sujetos de garantías, derechos y deberes”.

Hemos señalando, asimismo, que:

a) La variable Probidad Pública (PP) determina la sustentación axiológica, ética y cívica de las iniciativas de reforma, modernización y gobierno electrónico, contribuyendo centralmente a explicar el desempeño de las mismas desde la perspectiva ciudadana.

b) En función de la variable PP es posible delinear distintas visiones de reforma, modernización y gobierno electrónico, en un rango que puede ubicarse entre dos categorías relativamente antagónicas: i) visión centrada en los “ciudadanos”, y ii) visión centrada en los “aliados”.

En esta nota procuraremos aportar elementos de juicio básicos para motivar la realización de estudios empíricos acerca de las relaciones entre las variables “Probidad Pública” y “Disposición para el Gobierno Electrónico”.

Respecto de la variable "Probidad Pública", aun cuando nuestra acepción trasciende netamente la usual contraposición con "corrupción pública" (entendida como apropiación individual de recursos públicos), el indicador que adoptaremos para operacionalizarla -por carecer de medidas más pertinentes- es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) difundido por la organización Transparency International desde 1995 (2a). Respecto de la variable “Disposición para el Gobierno Electrónico”, adoptaremos el índice “e-Gov Readiness” difundido por la Organización de las Naciones Unidas desde 2003 (2b).

En la primera parte de esta nota exhibiremos gráficamente -con valores del año 2005- el cruce de las variables “Disposición para el Gobierno Electrónico” y “Probidad Pública” para: a) Los cincuenta países con mayor valor de “Disposición para el Gobierno Electrónico”, y b) Los veinticuatro países de América Latina y del Caribe con avances en Gobierno Electrónico. En la segunda parte iniciaremos un análisis exploratorio delineando categorías de países con base en la relación entre los respectivos valores en ambos índices.

1.- Cruce entre las variables "Disposición para el Gobierno Electrónico" y "Probidad Pública" 2005.

1.1.- Cruce de las variables "Disposición para el Gobierno Electrónico" y "Probidad Pública" (2005) para los cincuenta países con mayor valor en "Disposición para el Gobierno Electrónico".

 

Tabla de valores de DGE y PP (IPC) para los cincuenta países con mayores valores de DGE (valores correspondientes al año 2005)

 

 

 

 

1.2.- Gráfico 2: Cruce de las variables "Disposición para el Gobierno Electrónico" y "Probidad Pública" 2005, para 24 países de América Latina y del Caribe. 

 

Tabla de valores de DGE y PP (IPC) para 24 países de América Latina y del Caribe (valores correspondientes al año 2005)

 

 

 

2.- Análisis exploratorio

En esta sección delinearemos un análisis exploratorio de los Gráficos 1 y 2, distinguiendo -en cada uno de ellos- tres categorías de países:

a) Países con mayor valor de DGE que de PP (DGE > PP)

b) Países con menor valor de DGE que de PP. (DGE < PP)

c) Países con igual valor de DGE y de PP (DGE = PP) (con diferencia de hasta 0,5 entre sus valores).

 

 

2.1.- Gráfico 1: Cruce de DGE y PP para los 50 países con mayor valor en DGE

a) Países con DGE > PP

Esta categoría está integrada por los siguientes 25 países: Estados Unidos, República de Corea, Japón, Estonia, Italia, Eslovenia, Israel, Hungría, República Checa, México, Latvia, Brasil, Argentina, Grecia, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Filipinas, Malasia, Rumania, Bulgaria, Tailandia, Croacia, Ucrania y Federación Rusa. Reúne al 50% de los países considerados.

b) Países con DGE < PP

Esta categoría está integrada por los siguientes 12 países: Singapur, Finlandia, Noruega, Holanda, Nueva Zelanda, Islandia, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, España y Uruguay. Reúne al 24% de los países considerados.

c) Países con DGE = PP

Esta categoría está integrada por los siguientes 13 países: Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, Bélgica, Irlanda, Malta, Chile, Portugal, Chipre y Emiratos Árabes. Reúne al 26% de los países considerados.

 

 

2.2.- Gráfico 2: Cruce de DGE y PP para 24 países de América Latina y del Caribe

a) Países con DGE > PP

Esta categoría está integrada por los siguientes 17 países: México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bolivia, Guyana, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y Honduras. Reúne al 71 % del total de países considerados.

b) Países con DGE < PP

Esta categoría está integrada por tan solo dos países: Uruguay y Barbados. Reúne el 8% de los países considerados.

c) Países con DGE = PP

Esta categoría está integrada por los siguientes cinco países: Chile, Costa Rica, El Salvador, Belice y Cuba. Reúne al 21% de los países considerados.

 

 

Referencias:

(1) Tesoro, José Luis (1999): "Transparencia pública y tecnologías de gestión: la viabilidad de sistemas con transparencia inmanente en la Administración Pública", Instituto Nacional de la Administración Pública, Dirección Nacional de Estudios y Documentación (Serie II Estado y Sociedad, 33).

(2) Los valores de los índices fueron obtenidos de las siguientes fuentes:

a) Valor IPC: Valor del Índice de Percepción de Corrupción 2005 (Transparency Internacional, Corruption Perceptions Index 2005)

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005

b) Valor DGE: (E-Gov Readiness Index 2005). United Nations (2005): Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management: UN Global E-government Readiness Report. “From E-government to E-inclusion”.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021888.pdf

 

 

Los análisis estadísticos estuvieron a cargo de María Belén Álvarez, Carlos A. Castillo Díaz, Paola Hernández Cepeda, María Paola Laprovida, Mariano Tourné, Sebastián Turri y Wenceslao Vulcano Fernández, como trabajo práctico de la asignatura Metodología de la Investigación (primer cuatrimestre 2006) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)