1. Introducción

La determinación de la Política Tecnológica dentro del Estado busca satisfacer el aprovechamiento de la tecnología disponible y la emergente y puede materializarse a través de la formulación de un plan.
Este plan debe tener en cuenta la suficiencia y capacidad de la infraestructura tecnológica existente en cuanto a la consolidación de una única red de teleprocesamiento dentro del Estado (WAN, MANs y LANs), y el fortalecimiento de un solo Centro de Datos que aloje y administre los datos y las aplicaciones corporativas. Debe además contemplar el seguimiento de los desarrollos tecnológicos conforme a estándares no solo en cuanto a las herramientas empleadas sino también al cumplimiento de normas y pautas de calidad exigidas para la construcción de sistemas.

Por otro lado debe prever un monitoreo permanente con respecto a tendencias y reglamentaciones futuras, las contingencias de la infraestructura en cuanto a su redundancia, elasticidad, conveniencia y capacidad de evolución, los planes de adquisición de hardware y de software y las normas de tecnología que promuevan la estandarización dentro del mismo Estado.

2. Principios rectores

Algunos de los principios rectores a tener en cuenta para la formulación y ejecución de la política tecnológica en el Estado pueden resumirse a continuación:

• Celeridad en las respuestas al usuario
• Óptima relación costo/beneficio
• Flexibilidad de adaptación a los constantes cambios e innovaciones
• Disponibilidad inmediata de los datos
• Optimización de los recursos disponibles
• Seguridad, calidad e integridad en la información
• Confiabilidad de los sistemas de información y distribución de costos.

Por otro lado hay que remarcar que la política tecnológica debe estar sustentada en las políticas públicas del mismo Estado. Esto parece ser evidente pero no se verifica comúnmente en la realidad. En ese marco debe diseñarse y desarrollarse acompañando y sosteniendo la gestión de las diferentes jurisdicciones. Partiendo de esta afirmación, se entiende entonces que una dirección tecnológica adecuada facilitará el gerenciamiento de los organismos públicos. El resultado de esto acompañará la obtención de información oportuna y veraz que permitirá tomar decisiones adecuadas en cualquier nivel de la estructura organizacional, mejorar la eficacia y la eficiencia de las oficinas del Estado y optimizar su asignación de recursos.

3. Los Sistemas de Información en el Estado

Esta información puede obtenerse, gestionarse o gerenciarse a través de sistemas de información tradicionales o nuevos servicios de información o la llamada Data Warehouse (reservorio de gran volumen de información para consultas de apoyo de toma de decisiones).

Los sistemas de información tradicionales son sistemas que en general se diseñan, se desarrollan y se implantan de acuerdo a las necesidades y requerimientos de sus usuarios, de las organizaciones a las que pertenecen, de las normas vigentes y de sus procesos de gestión correspondientes.

Estos sistemas por sus alcances pueden ser estratégicos o no, según la relevancia de la información que suministran, y del grado de penetración y de uso que tienen en las diferentes organizaciones que lo operan.
Un componente relevante de las aplicaciones informáticas estratégicas son las que sustentan a los sistemas administrativos, es decir aquellos sistemas generadores de insumos utilizados por todos los organismos públicos. Estos sistemas, comunes a todas las jurisdicciones, son prioritarios por el alto grado de impacto que tienen en los procesos de racionalización y transformación de la administración pública, fundamentalmente del “Back Office”. Toda organización necesita mantener actualizado el estado de sus recursos humanos, de sus recursos financieros, de sus recursos materiales, de sus recursos informáticos, de sus expedientes, etc. Esta característica distintiva, por sus funcionalidades inherentes que atraviesan horizontalmente a todos los órganos públicos, permite priorizar estas aplicaciones sobre las restantes.

Existen además otras aplicaciones informáticas que también son estratégicas pues tecnológicamente soportan a sistemas productivos. Estos sistemas productivos, generadores de producto y/o servicios públicos, tienen como destinatarios finales a la comunidad, a diferencia de los sistemas administrativos cuyos destinatarios son agentes de la administración pública. Entre ellos pueden considerarse como estratégicos, a aquellas aplicaciones informáticas que soportan “la política pública de un sector”, es decir aquellas que por sus funcionalidades, alto grado de capilaridad en la jurisdicción y sus organizaciones dependientes, dispersión geográfica, cantidad de usuarios, etc. son vitales para la transformación del sector aludido.

Debido a que el producto público se diferencia para cada jurisdicción según sus incumbencias, no existen parámetros comunes como los existentes para los sistemas administrativos que permitan la reusabilidad de sus aplicaciones respectivas.

Sin embargo, subsisten un conjunto de funcionalidades que se repiten en estos sistemas y que deben unificarse y estandarizarse, independientemente del servicio público que se trate. Los servicios de autenticación a través de Internet, los servicios de pagos a través de transferencias bancarias empleando la web o de mircropagos empleando la telefonía móvil, son claros ejemplos de servicios que están presentes en cualquier trámite que una empresa o ciudadano peticione al Estado. Los servicios de formularios electrónicos para iniciar cualquier gestión por Internet o la posibilidad de disponer de una bóveda de datos por cada persona física o jurídica donde el interesado sea el único responsable de consultar y actualizar información personal que luego será reutilizada para cualquier trámite, son muestras claras de prestaciones repetitivas que facilitan las transacciones electrónicas. Por lo expuesto, surge la necesidad de pensar y diagramar estrategias tecnológicas estandarizadas que faciliten la implementación de un gobierno en línea.

Los nuevos servicios de información lo constituyen un conjunto de nuevas tecnologías que ofrece el mercado informático a partir de problemáticas comunes de usuarios de diferente índole. Estas nuevas tecnologías son flexibles y pueden compartirse independientemente del ámbito laboral donde se desempeñe el usuario y de las características de su trabajo administrativo. Ejemplos de servicios de información lo constituyen los servicios de correo electrónico, de páginas Web, de video conferencias, de transferencia de archivos, etc. Estas nuevas tecnologías pueden potenciar otros servicios de suma utilidad para cualquier jurisdicción pública, entre los cuales podemos citar: servicio de base de datos documentales, servicio de capacitación electrónica, foros de discusión, boletines electrónicos de información, servicios a la ciudadanía, etc.

La llamada Data Warehouse es un ambiente flexible, compuesto de varias tecnologías, que permite almacenar grandes volúmenes de información generada desde las aplicaciones informáticas estratégicas ya comentadas. Son conocidos como sistemas orientados al procesamiento analítico (OLAP). Estas tecnologías especiales permiten analizar la información almacenada y extraer fundamentos sólidos de la misma, que son indispensables para el proceso de toma de decisiones de temas específicos. El Data Warehouse está diseñado para manejar y consolidar distintos formatos de datos provenientes fundamentalmente de sistemas tradicionales orientados a procesar transacciones (OLTP). Para el caso del Estado corresponderían fundamentalmente a los datos generados por las aplicaciones informáticas estratégicas enunciadas precedentemente.

En función de lo expuesto, la Política Tecnológica del Estado debería formularse y desarrollarse sobre la base de tres pilares fundamentales: los sistemas de información estratégicos, los nuevos servicios de información y la “Data Warehouse del Estado”.

4. La Infraestructura Tecnológica

Para facilitar la implantación y la operación de estas aplicaciones y servicios debe diseñarse una infraestructura tecnológica robusta, flexible y segura. Este diseño se basará en el concepto de computación basada en la red el cual permite un manejo eficiente de los recursos tecnológicos. Su ventaja principal es disminuir la complejidad en el manejo de la información, trasladando el problema a la red, a los servidores y entregarle al usuario un dispositivo de bajo costo y de fácil uso.

El objetivo de este modelo es lograr un simple y rápido acceso a las aplicaciones a través de la red, sin importar el hardware del cliente (usuarios de las aplicaciones), el tipo de conexión a la red, las plataformas operativas existentes, la velocidad de comunicaciones, etc., consolidando en servidores centrales el almacenamiento de información a través de servicios de hosting, housing, etc.

Este esquema debe basarse en una serie de pautas para su implementación entre las cuales pueden citarse: administración física de los servidores centralizada, administración lógica de las aplicaciones distribuida en las oficinas de informática jurisdiccionales que las mantienen, máxima seguridad y alta disponibilidad de funcionamiento (7x24 - los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día) garantizada por el responsable de la administración física, crecimiento escalable en materia de hardware y software a medida que se implantan las aplicaciones, costos críticos compartidos entre los responsables de la administración física y lógica, menor costo de administración, balanceo de carga, etc.

La arquitectura general del esquema de red puede conformarse por tres niveles a saber:

Nivel 1 Servidores de Datos: equipamiento de la red que almacena grandes volúmenes de información de todo tipo (datos, voz, imágenes, etc.) en forma centralizada. Poseen procesamiento en paralelo (más de un equipo funcionando como si fuera uno solo), estrictos esquemas de acceso y seguridad, respaldo centralizado, etc. Podrán ser de dos tipos: Servidores de Datos Transaccionales o Servidores de Data Warehouse. Su administración física será centralizada.

Nivel 2 Servidores de Aplicaciones: en estos equipos se encuentran almacenadas las aplicaciones a las cuales tienen acceso los usuarios de la red. Actúan de nexo entre los servidores de datos y los dispositivos clientes. Corren bajo un sistema operativo de red que regula el acceso de usuarios, brindan servicios de impresión, permiten la administración local o remota de usuarios, poseen herramientas de monitoreo de la red, etc. Estos servidores también se administrarán en forma centralizada, mientras que las aplicaciones que allí residen serán actualizadas por los responsables jurisdiccionales de su diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento, según sean las características, su magnitud y funcionalidades. Podrán ser de diferentes tipos: Servidores de Aplicaciones Transaccionales, Servidores de Correo Electrónico, Servidores de Desarrollo, Servidores de Internet, Servidores de Aplicaciones de Oficina (Procesador de Texto, Planillas de Cálculo, etc.).

Nivel 3 Dispositivos Cliente: equipamientos que posee un navegador de Internet, que permite al usuario ejecutar las aplicaciones instaladas en los Servidores de Aplicaciones. Estos dispositivos pueden estar conectados a la misma red (Intranet de Gobierno) o vía Internet según los niveles de permiso de los usuarios que desean acceder (pudiendo ser agentes de la administración pública como ciudadanos).

Otro aspecto importante a tener en cuenta para definición de la infraestructura tecnológica es la consolidación de una única red de teleprocesamiento en el ámbito de la Administración Pública. Dicha red debe tender a utilizar los protocolos de transmisión de datos de Internet. Además debe permitir el acceso tanto de agentes de la Administración Pública como de usuarios externos a la misma con las debidas autorizaciones y en función de determinados servicios específicos a brindarles. La ampliación de nodos interurbanos y del ancho de banda de los enlaces de la red interurbana será paulatina en función de la implantación de aplicaciones informáticas que garanticen una ecuación de costo/beneficio aceptable. Las redes de área local (LANs) serán administradas y mantenidas por cada jurisdicción, y las redes de área urbana e interurbana por un órgano rector en todo el Estado, independientemente que algún enlace fuera contratado a terceros proveedores para garantizar su servicio y mantenimiento.

5. Construcción y Migración de Sistemas de Información

De lo expuesto surge la necesidad de plantear la migración gradual de las aplicaciones informáticas estratégicas existentes a tecnología Web (tecnología de tres capas) y también desarrollar las nuevas sobre esta plataforma, fundamentalmente aquellas aplicaciones que por su dispersión geográfica de sus usuarios la justifican.

Para el desarrollo de sistemas es conveniente la fijación de un marco de trabajo común que implique: grupos de desarrollo por cada unidad descentralizada, un grupo de desarrollo que funcione en forma centralizada, con misión de “Investigación y Desarrollo” en nuevos productos y en dar soporte sobre los estándares ya aprobados. Esta filosofía de trabajo apoyará a los desarrolladores de cada jurisdicción en caso de ser necesario por su volumen de trabajo. Esta unidad puede también ser responsable del análisis, diseño y desarrollo del “Data Warehouse” basado en diccionarios de datos corporativos y en la definición de estándares que garanticen la interoperabilidad entra las jurisdicciones. Finalmente es necesaria la existencia de un grupo de administradores de productos altamente especializados que funcionarán centralizadamente, que den soporte, asistencia técnica y que actuarán de acuerdo a las prioridades que se le fijen.

6. Entorno y estándares tecnológicos

El diseño de la infraestructura tecnológica debe estar acompañado de la definición del entorno tecnológico a través de una serie de estándares que serán establecidos para todo el ámbito de la Administración Pública. Estos estándares permiten crear un marco de referencia para cualquier proyecto de tecnología de información que se formule y ejecute en el sector público. La imposición de estándares tecnológicos permiten unificar el uso de herramientas informáticas, facilita la transferencia del conocimiento entre los diferentes agentes y consecuentemente le da movilidad al personal para que sea utilizado en proyectos de misión crítica según las circunstancias, optimiza el uso de recursos debido a que se reducen los costos ociosos para mantener y dar soporte técnico a aplicaciones desarrolladas en múltiples plataformas, asegura la compatibilidad de los datos de diferentes jurisdicciones para que puedan integrarse y consolidarse en reservorios de grandes volúmenes de información, etc.

Estos estándares deben definirse especialmente para los siguientes temas específicos:

• Estándares para la administración y seguridad de una red única de teleprocesamiento.
• Estándares para la definición de una única estructura de datos (fundamentalmente de las aplicaciones estratégicas).
• Estándares para la administración de servicios de interoperabilidad.
• Estándares de software para el desarrollo de aplicaciones, motores de base de datos, sistemas operativos, software de comunicaciones, antivirus, software de oficina, etc.
• Estándares para el proceso de diseño, construcción e implantación de aplicaciones informáticas.
• Estándares para la administración y operación de los nuevos servicios de información.

7. El Software de Libre Disponibilidad

La definición de estos estándares promoverá un análisis profundo y minucioso de los requerimientos de las diferentes jurisdicciones conforme a su realidad en materia de recursos humanos, tecnológicos, financieros. En este sentido cumple un rol fundamental la adopción de software de libre disponibilidad en el ámbito público. El empleo de Software de Libre Disponibilidad en el Estado es una “política pública en materia de tecnología” sobre el que hay que avanzar en forma gradual. Existen sobradas razones económicas, técnicas, laborales y operativas, que imponen el uso de estas herramientas. Entre los fundamentos pueden mencionarse el evitar el monopolio de un proveedor de software propietario, la licencia ilimitada y su adhesión a estándares que evitan que el usuario esté a merced del autor del Software para la atención de sus necesidades; la posibilidad de que el usuario ejecute el programa en las computadoras que desee y también copiarlo.

Complementariamente, y cuando fundadas razones tecnológicas y económicas lo justifiquen, podrán establecerse otros estándares no cubiertos por el software de libre disponibilidad, que se impulsarán a través de acuerdos corporativos con proveedores de tecnologías de información que permitirán una reducción de costos de adquisición, actualización y soporte técnico de productos. Consecuentemente facilitará la capacitación masiva de agentes al restringirse el universo de herramientas que serán utilizadas.

8. Conclusión Final

La Política Tecnológica es un componente fundamental para ordenar y facilitar el gobierno en línea. Sin embargo a pesar de su relevancia debemos alertar que su cumplimiento es complejo por razones de índole tecnológico, de planificación y coordinación, de viabilidad operativa e institucional pero fundamentalmente de liderazgo político. No obstante lo señalado deben existir líneas de acción concretas y graduales que faciliten su implantación en el largo plazo. En este sentido debemos tener claramente determinada una “visión” de nuestra Política Tecnológica para trazar nuestro imaginario hacia el futuro. Valga entonces como reflexión final las palabras de Séneca cuando decía: “Nunca hay vientos favorables para quien no sabe a dónde va”.