Recomendaciones para el Gobierno Electrónico (Segunda Parte): Apropiación de la Tecnología y Mejores Prácticas

Resumen Las políticas inductivas de apropiación de la tecnología impulsadas por el Estado es una estrategia insoslayable para reducir la brecha digital en la comunidad. La consolidación de un banco de datos con mejores prácticas en materia de Gobierno Electrónico es inevitable para intercambiar “experiencias digitales” de manera sistematizada y poner a “la altura de las ideas del tiempo” a los más rezagados. Ambas recomendaciones son pilares fundamentales para alcanzar resultados deseables y perentorios en materia de Gobierno Digital. Desarrollaremos a continuación estas ideas dentro del marco de las recomendaciones enunciadas en el artículo anterior:

• Construir una Plataforma de Interoperabilidad dentro del Estado
• Promover el software libre y los bienes “Comunes Creativos”
• Desarrollar campañas de difusión y sensibilización
• Impulsar políticas inductivas de apropiación de la tecnología
• Consolidar un banco de datos con las mejores prácticas
• Desarrollar una Infraestructura Tecnológica común
• Desarrollar las condiciones que garanticen la sustentabilidad del GE
• Formular y ejecutar planes estratégicos de Gobierno Digital
• Articular proyectos de GE en el marco de la Sociedad del Conocimiento
• Ejercer un fuerte liderazgo político para promover el GE

Impulsar políticas inductivas de apropiación de la tecnología Un desafío con el que tropieza la política de gobierno electrónico, así como cualquier otra política estatal, es el de tener pleno conocimiento de las cualidades, condiciones y expectativas de su población objetivo a fin de que, al momento de insertarse en la realidad para tratar de transformarla, no se convierta en un esfuerzo estéril debido al desconocimiento del destinatario y la poca habilidad para articular la política con la realidad. El e-government se enfrenta, entre otros, con el problema de la brecha digital, definida como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados y países) que utilizan las Tecnologías de la Información como parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, no saben como emplearlas. Esto tiene que ver con la concurrencia de múltiples factores, es decir, no sólo se relaciona con aspectos exclusivamente tecnológicos, sino que se ve condicionado por realidades como la socioeconómica, cultural, educativa así como también por las dificultades en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones e informática. En la publicación en Internet “Liberar la creatividad humana: estrategias nacionales”1 se plantea que el éxito de la implementación de estrategias de e-government se deberá en gran medida a la capacidad del Estado para potenciar y liberar al máximo la creatividad de sus ciudadanos, a fin de que éstos logren conocer y aplicar las tecnologías de información y comunicaciones con solvencia y sean capaces de introducir innovaciones logrando así adaptarlas a sus propias necesidades y oportunidades. Deberá, en consecuencia, el Estado, priorizar sus inversiones en el área educativa ya que es en este ámbito, óptimamente, donde los ciudadanos encontrarán las herramientas necesarias para adquirir las habilidades que permitan su acceso a los cambios tecnológicos, a su comprensión, a su adecuación a las necesidades de cada uno. En fin, a que logren acortar la brecha digital. Para esto deberá garantizar cierta estabilidad política y macroeconómica con el objeto de que se alcance el ámbito más adecuado para potenciar la creatividad de los habitantes. Además se tendrán en cuenta a los principales interesados a la hora de implementar innovaciones tecnológicas ya que la clave está en lograr acuerdos comunes acerca de la importancia gravitante de la tecnología de la información y comunicaciones. Así entendido, los gobiernos tendrán que determinar cuál es y ha de ser la demanda para adaptar las transformaciones a las necesidades concretas de orden económico y social. Las Naciones Unidas, conscientes de que la brecha digital es un punto más de desigualdad entre los miembros de la sociedad, sugieren algunas recomendaciones para atenuar estas diferencias que analizaremos a continuación. Dado que es imprescindible, tanto para las personas como para las organizaciones, se tendrán que buscar e implementar estrategias tendientes a reducir el alto costo de las comunicaciones y de la Internet. Este problema se debe a que, en la mayoría de los países, el servicio está monopolizado por el Estado y la competencia es inexistente. La privatización de empresas podría revertir esta situación siempre y cuando no se convierta esto en monopolios privados, como es el caso argentino para algunos tipos de servicios. El problema se vería reducido si el Estado lograra aplicar políticas de regulación sobre las empresas prestatarias de estos servicios, o implementando soluciones de acceso comunitarios a Internet, con reducción de costos unitarios, lo que permitiría la inclusión de estratos sociales más carenciados. En relación con la investigación en el área tecnológica, el Estado debería alentar los vínculos entre las universidades y las empresas a fin de que, cooperativamente, las primeras les brinden a los organismos privados, industrias, etc. su bagaje de conocimientos específicos en el área de ciencia y tecnología. Si bien es tarea del gobierno velar por la promoción del desarrollo y la investigación, esto se vería enriquecido por el aporte que las altas casas de estudio pudieran brindar, optimizando, por ejemplo, el nivel de compañías de alta tecnología. “A fin de estimular la investigación y el desarrollo en las empresas, los gobiernos emplean diversas opciones políticas. Una es aportar fondos equivalentes a los que la empresa destina a investigación y desarrollo (...) Otra opción es cofinanciar la investigación y desarrollo mediante un fondo de tecnología.” También es imprescindible estimular el espíritu empresarial y los capitales de riesgo que pueden tener importancia para fomentar el despliegue de empresas de base tecnológica. Otra reforma que se plantea con urgencia es la del mejoramiento de la calidad educativa, lo que se circunscribe solamente al aumento de recursos y matrículas, sino que se trata fundamentalmente de apuntar a la “calidad” y la orientación tecnológica de la educación. Cobra importancia central la posibilidad que tengan todos los niños de recibir conocimientos de computación así como también que los docentes incorporen la Internet como un valioso recurso educativo. También las empresas deberán velar por la permanente capacitación de sus empleados, garantizando así la competitividad de las mismas. A partir de estos enunciados es importante exponer los elementos a considerar para diseñar una política de Gobierno Digital integral e integrada, y cómo el Gobierno debe dedicar una proporción de sus iniciativas a una verdadera “alfabetización tecnológica” de la comunidad. En efecto, el Gobierno Electrónico, genera un efecto sinérgico positivo como paso previo a una sociedad del conocimiento similar a las de países desarrollados. Esto podemos sostenerlo si recordamos a Robert Metcalf, fundador de la Corporación 3Com y diseñador del protocolo Ethernet para redes de computadoras, quien observó que las nuevas tecnologías (en este caso el Gobierno Digital con el empleo de las TICs) eran valiosas solo si mucha gente la empleaba. Para ello enunció una ley, la ley de Metcalf, que básicamente postulaba que cuanto más gente emplea una TIC (las correspondientes a Gobierno Digital) más valiosa se convierte, y más nuevos usuarios atraerán, incrementando tanto la utilidad como la velocidad de adopción de esta TIC por más y nuevos usuarios. Esta ley la materializó con una fórmula expresando que la utilidad de una nueva tecnología, en este caso las empleadas para Gobierno Digital, es igual al cuadrado de sus usuarios2. Sin embargo, debe hacerse un llamado de atención hacia quienes pretenden llevar estas ideas a la acción, para minimizar la inclusión digital de todos los integrantes de la comunidad. Sabemos que los costos de transacción de los servicios que presta el Estado a la sociedad están sujetos fundamentalmente a los costos de búsqueda y los de información. El tiempo y dinero que pierde un ciudadano o una empresa en encontrar la dependencia pública que lo va atender, para identificar el bien o servicio requerido y los requisitos para obtenerlos son cuantiosos e irrecuperables. Internet, considerada por Downes y Mui como una aplicación asesina de paradigmas3, ha contribuido a eliminar o al menos disminuir estos componentes en los costos de transacción, por lo que este servicio reviste de un singular interés en una política digital cuando es empleado desde los domicilios reales de las empresas o de los particulares evitando traslados para demandar un servicio. Normalmente, cuando el Estado promueve la política digital, brega en forma incansable, por discutir y ejecutar acciones para que la tecnología y, en teoría, el conocimiento generado por la misma, estén al alcance de todos. El trabajo pasa por debatir cuantas escuelas van a poder tener un servicio de banda ancha para acceder a Internet, cuantas computadoras serán distribuidas en los establecimientos educativos, cuantos cursos abiertos a la comunidad referidos a Internet se dictarán para socializar este conocimiento, cantidad de centros de información y de servicios del Estado que serán abiertos en el corto y mediano plazo con su distribución geográfica correspondiente, amplitud vertical y horizontal de servicios que el Estado pone en línea para la comunidad, en fin cualquier medida (oferta digital) tendiente a disminuir la brecha digital entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. No obstante, está comprobado el fracaso o al menos se cuestionan los programas con metodologías top-down (de arriba hacia abajo). El Estado ha pretendido imponer en forma deductiva un conjunto de medios facilitadores de la política digital, con análisis erráticos de relaciones causa-efecto, desprovistos del menor conocimiento de la realidad circundante. No se trata de globalizar las soluciones para un problema dado con “recetas” que han sido empleadas en otras latitudes. La alfabetización tecnológica debe partir de un estudio profundo de la población, de sus costumbres y de su cultura, para acercar las mejores respuestas a lo que demanda la gente. Por ello, para la inclusión digital deben imponerse metodologías bottom-up (de abajo hacia arriba) con acciones inteligentes que incorporen las necesidades autóctonas de la población. Se debe comprender cuales son los disparadores que pueden emplearse para movilizar el programa de inclusión digital. Incorporar e impulsar las causas por las cuales los ciudadanos se verán forzados en emplear herramientas digitales por sobre las tradicionales para relacionarse con el Estado. Primero se deben descubrir los temores, las dificultades y las carencias que tiene el “común de la gente” con el empleo de la tecnología, para luego accionar con “el poco común de los sentidos” de hoy en día: “el sentido común”. Resulta fundamental además, emplear formas inductivas de participación ciudadana, para retroalimentar el diseño y desarrollo de medidas de Gobierno Digital. Estas formas de participación permitirán evaluar lo planeado con lo ejecutado para analizar los desvíos y obrar en consecuencia. Por ello es recomendable el empleo de prácticas o pruebas piloto cada vez que se lance un nuevo programa, evitando dilapidar dinero en onerosos proyectos con implantaciones de extensión masiva de impactos dudosos o al menos inciertos en la comunidad. Por lo tanto la gradualidad debe ser la moneda corriente para evitar los fracasos de los llamados "saltos al vacío”. De allí la importancia de acuñar el lema empleado por muchos países como Canadá de: “Pensar en grande. Ejecutar pequeño.”. En este sentido las pruebas piloto orientadas a la inclusión digital deben privar sobre las globales o las en paralelo, y siempre con la intención de evaluar resultados antes de una implementación masiva. Todos estos no son más que lineamientos que deben materializarse en acciones concretas del Estado con un verdadero compromiso para llevar adelante estos emprendimientos que, muchas veces por ser de largo plazo, no encuentran el apoyo político que garanticen su continuidad en el tiempo como políticas de Estado. Consolidar un banco de datos con las mejores prácticas El Gobierno Electrónico es una política pública que lleva más de una década de implementación en distintos países sobre todo en los desarrollados. En lationoamérica surge como un nuevo paradigma de gestión pública a partir del siglo veintiuno, con la ejecución de proyectos locales, luego regionales para consolidarse como tema de agenda a nivel nacional en estos últimos años. Es por eso que desde el crecimiento sostenido de distintas prácticas que se han llevado a cabo a nivel nacional y subnacional, resulta conveniente investigar y analizar el estado del arte de todas las acciones llevadas a cabo a fin de fortalecer los programas futuros con las experiencias exitosas latinoamericanas y evitar también aquellas prácticas que resultaron infructuosas en el tiempo. Es beneficioso, por lo tanto, desarrollar ideas tendientes a estructurar un banco de datos con las mejores prácticas locales y regionales, para que al observar a los “campeones” en determinadas herramientas e implementaciones, puedan “reusarse” las experiencias que hayan alcanzado notoriedad por el impacto que ha tenido en la comunidad. Entendiendo que las demandas de la sociedad son crecientes y los recursos para cubrirlas son cada vez más escasos, vemos que resulta imprescindible el intercambio de conocimientos para soslayar el uso indebido de fondos públicos en proyectos con resultados inciertos, y porqué no, contrarios a políticas bien estructuradas y planificadas. Esto no resulta una novedad en la Administración Pública, cuando conjugamos intereses contrapuestos entre un proveedor de tecnologías cuyo objetivo es normalmente maximizar sus ganancias, con las metas perseguidas por los gobiernos que pretenden solucionar los problemas de la gente al menor costo posible. Esto se potencia en el mercado de las nuevas tecnologías donde el cambio de paradigmas tecnológicos es constante y lleva a carreras infructuosas por estar en la cresta de la ola, que en muchos casos genera más frustraciones que éxitos, cuando el impacto esperado de un programa intensivo en TICs es pueril o anodino. Por lo expuesto, y como base de conocimiento de la realidad de nuestro país, el banco de datos coadyuvará a la elaboración de un mapa de experiencias exitosas y no exitosas incorporando a las primeras en una plataforma virtual de conocimiento con el objeto de almacenar las mejores prácticas y compartirlas entre aquellos interesados en la temática. Es posible además desarrollar metodologías relacionadas con el benchmarking, es decir tratar de “copiar a los mejores”, de una manera más sistematizada, a través de acuerdos intra e interjurisdiccionales en donde participen especialistas experimentados para el gerenciamiento de proyectos ya probados en otros organismos públicos. Este tipo de acciones, además de reducir costos en actividades poco significativas, permitirá zanjar las implementaciones en cuanto a sus tiempos de ejecución debido al camino ya transitado de quienes fueron los precursores. Los pioneros siempre tienen que sortear muchos obstáculos para viabilizar política, técnica y operativamente un programa determinado. 1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), http://www.labrechadigital.org/, 2002 2 Downes, Larry y Mui, Chunka: “Unleashing the Killer App. Digital strategies for market dominance.”; Pag. 24 y 25 Ed. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2000. 3Downes, Larry y Mui, Chunka: Op. Cit. Pag. 31 y 32