G2C en Chile: un paso más en el camino de la transparencia

Introducción En general hay constancia de que Chile es un país probo, según lo indican las instituciones y las investigaciones comparativas que se realizan, tal es el caso del prestigioso capítulo chileno de Transparencia Internacional. Naturalmente que la probidad pública no es absoluta, se reconoce que hay casos de corrupción, pero en el marco de la calificación global son excepciones. Para esto el gobierno chileno no descansa, de hecho, existen medidas que buscan objetivamente minimizar los riesgos y fortalecer una política de transparencia. Lograr generar un ambiente de confianza ha sido desde ya un tiempo hasta ahora un elemento fundamental en la relación entre muchos gobiernos y sus respectivos ciudadanos (G2C - Government-to-Citizen – Gobierno a Ciudadano). En este proceso evolutivo y complejo, la transparencia se pronuncia con fuerza como una alternativa efectiva y razonable para exponer con claridad la información, en especial si esta marca relevancia en la sociedad civil. En este proceso de filiación es imprescindible definir, e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y procesos, siendo esencial que estos sean claros y abiertos. Desde luego, se debe tomar la información como el centro de la acción y de esta forma lograr la viabilidad necesaria o el impacto político adecuado. En Chile, ya ha quedado muy atrás los tiempos en que la probidad y la transparencia no eran temas en debate público, pues ni siquiera había debate público. Esta tendencia no ha sido gratuita, es cierto que el fenómeno de la globalización ha entregado un escenario muy favorable para la germinación de diversas fuentes de opinión, y es aquí donde la sociedad civil ha comenzado -con timidez- a dejar el palco para incorporarse como un actor poderoso, utilizando la opinión pública como un motor impulsor anticorrupción. El anuncio En este sentido el gobierno chileno ha sido claro en plantear un conjunto de iniciativas tendientes a entregar una señal concreta en el sentido de transparentar la función pública. Es más, en una actitud totalmente innovadora e interesante, la presidenta, ha decidido utilizar el G2C como un canal valido para transparentar. La verdad puede resultar nada novedoso estos temas, pero en Chile ver un presidente que indique directamente la necesidad de levantar información –que hasta ese momento no era expedita en su acceso- y entregarla a los ciudadanos, es un ejercicio de largo aliento y de efecto inmediato que vale la pena destacar, especialmente si utiliza la plataforma tecnológica disponible. Para ello el Gobierno de Chile emitió a finales del 2006 un instructivo presidencial que entregaba un conjunto de precisas indicaciones, para que fueran implementadas por los diferentes servicios públicos y organismos del estado chileno, con plazos definidos. Este proceso se ha llevado a cabo con extremado celo, y la sensación térmica al respecto es muy favorable, lo que sin duda entrega las condiciones ideales para que surjan con mayor fuerza la opinión pública como elemento de control autorregulado. Este proceso es riguroso y de largo aliento, pero el estado está embarcado en una estrategia orientada al ciudadano, que rendirá sus frutos más pronto que tarde, convirtiéndolo en un actor principal. Sobre el instructivoEl Instructivo Presidencial Nro. 008 sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la Administración del Estado fue emitido por la jefa del estado de Chile con fecha 04/12/2006. Este instructivo ordena a todos los organismos públicos poner a disposición de la ciudadanía de manera permanente, a través de sus respectivos sitios Web, información relevante relacionada con el funcionamiento administrativo y financiero de la institución. Esto quiere decir que las instituciones, además de informar sobre los objetivos y resultados propios de su gestión, deben aportar antecedentes relacionados con la composición de su personal de planta, a contrata y a honorarios, incluidas sus autoridades. La disposición se extiende también a las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios; transferencia de fondos, normativas vigentes, dictámenes y circulares; y actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. Es muy favorable el consenso y la sensación positiva que existe en torno a la implementación del instructivo sobre transparencia y publicidad de la información de la administración del Estado, especialmente por la trascendencia que implica colocar en la mesa un precedente a favor de comenzar a abrir las puertas, colocando información relevante a disposición de los ciudadanos de manera permanente, mediante los diferentes Web Site Corporate de todas y cada una de las reparticiones públicas, organismos e instituciones del estado. Básicamente el instructivo indica que se deben publicar: 1. Las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, que se efectúen con recursos asignados con determinados subtítulos de sus presupuestos, los contratistas respectivos, identificando socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. 2. Antecedentes relacionados con la composición de las personas contratadas por cada servicio en sus tres modalidades, estas son: planta, a contrata, y a honorarios. 3. Las transferencias de fondos que realicen a personas jurídicas con los recursos asignados en determinados subtítulos del presupuesto. 4. Las leyes, reglamentos, dictámenes y circulares vigentes que conformen el marco normativo que les sea aplicable. 5. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, mediante la publicación de los respectivos actos o resoluciones totalmente tramitadas. El éxito de esta novedosa iniciativa G2C en el gobierno chileno demuestra que existe voluntad política de enfrentar los temas con creatividad y una alta cuota de eficiencia. En este sentido, la aplicación del instructivo presidencial entrega luces de que es posible generar cambios con el objetivo de realizar mejoras en la función pública y en especial del e-government sin necesidad de postular cambios, modificaciones o incorporación de iniciativas legislativas. Es decir, no todo debe estar centralizado en las leyes, existen otros mecanismos (como los instructivos presidenciales) que pueden potenciar la función pública. Lo pendiente Es necesario crear un marco jurídico –mediante un proyecto de ley- que permita poder establecer con “claridad” los aspectos relacionados con el acceso de los ciudadanos a la información pública. El perfeccionamiento y la incorporación de cargos al sistema de calificación de la alta dirección publica con el propósito de continuar transparentando el proceso de reclutamiento de personal para cargos públicos. El perfeccionamiento del marco jurídico y regulatorio del gasto electoral para aclarar la relación entre dinero y política. Colocar en la mesa la necesidad de implementar el voto electrónico, incentivando la modernización del proceso electoral y fomentar la generación de procesos transparentes.