INTRODUCCIÓN

En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile el 10/11/2007, se adoptó -por Resolución Nº 18 de la Declaración- la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que fuera aprobada en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, en Pucón, Chile, entre el 31/05 y el 1/06/2007.

La Carta Iberoamericana contiene un conjunto de conceptos, valores y orientaciones de utilidad para el diseño, implantación, desarrollo y consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública en Iberoamérica.

Con la adopción de la Carta, se ha cerrado el ciclo de definiciones y se abre una nueva etapa de implementación de las políticas acordadas. Los signatarios de la Carta se han comprometido a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios acordados se traduzcan en acciones concretas.

Esta nota tiene los siguientes propósitos:

a) articular y sintetizar un conjunto de reflexiones acerca del paradigma tradicional (estato-céntrico) del Gobierno Electrónico,

b) delinear las características de un nuevo paradigma sustentado en los intereses y perspectivas del ciudadano, y

c) proponer a la Formación en Civismo Digital como una vía para inducir y promover una transición –en los agentes públicos y en los actores sociales- hacia el paradigma emergente.

1.- PROBLEMÁTICA PERCIBIDA

1.1.- El paradigma tradicional del “Gobierno Electrónico” y su problemática

El paradigma tradicional del Gobierno Electrónico (o e-Gobierno o Gobierno Digital, o Gobierno en Línea o Administración Electrónica) que aún se mantiene vigente -por inercia- en la mayor parte de los países iberoamericanos, puede caracterizarse por las siguientes creencias:

a.- El e-Gobierno es una dádiva que el gobierno “brinda” -espontánea y voluntariamente (como convite)- a los integrantes de la sociedad para mejorar la provisión de información y de servicios, a través de las posibilidades de las TIC.

b.- El e-Gobierno constituye –por sí mismo- un “atajo” para recuperar años de rezago administrativo y un “trampolín” para aumentar sustancialmente la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la gestión pública y del servicio al ciudadano.

c.- Las prestaciones de e-Gobierno deben responder a la estructura y la lógica burocrática imperante, dado que éstas proveen los controles imprescindibles para garantizar la ecuanimidad.

d.- El e-Gobierno es innovador y beneficioso por sí mismo, con prescindencia de que los valores político-burocráticos, las estructuras, las normas, los procesos y los procedimientos permanezcan invariables.

e.- El conocimiento y la decisión acerca de lo que puede o no hacerse en e-Gobierno reside exclusivamente en las burocracias gubernamentales (políticas, administrativas y técnicas), no en los integrantes de la sociedad.

f.- Si los integrantes de la sociedad no usan adecuadamente las prestaciones de e-Gobierno que se les ofrecen, el problema reside en ellos, no en las prestaciones ni en los prestadores (que son los que saben)

g.- Los avances en e-Gobierno deben ser cautelosos, dado que se trata de un “caballo de Troya” que –tarde o temprano- afectará al empleo público.

Con base en dicho paradigma, la racionalidad de los oferentes de prestaciones de e-Gobierno resulta afectada por un conjunto de factores problemáticos:

- Los agentes naturalizan el confort resultante de tareas mitificadas, dentro de proyectos financiados comúnmente por organismos multilaterales,

- Sus metas residen esencialmente en generar los productos de e-Gobierno que se les asignan, con virtual ausencia de evaluación de utilidad, resultado e impacto,

- Sus “clientes” son –más que los integrantes de la sociedad- las autoridades políticas y administrativas, a las cuales ofrecen material para propalar anuncios y logros de difícil verificación empírica (por ejemplo: “ofrecemos todos los trámites por Internet”).

- Sus referentes no están dados por las necesidades de los integrantes de las respectivas sociedades, sino por las modas imperantes en las cofradías de colegas e iniciados.

- Ante la carencia de incentivos y presiones para generar cambios sustanciales, las prestaciones más generalizadas de e-Gobierno son las “guías de trámites”, que informan a las personas acerca de cómo transitar por “selvas burocráticas” cada vez más intrincadas por arbitrariedades, superposiciones y factores de interferencia.

Como resultado de la conjunción de los referidos factores, la racionalidad de los oferentes de e-Gobierno se sustenta en una incierta articulación de lógicas políticas, técnicas, burocráticas y gremiales, en detrimento de las perspectivas vinculadas a las necesidades de supuestos destinatarios que -por desconocimiento, escepticismo, desconfianza o dificultades de acceso- no exigen, no reclaman ni parecen esperar nada sustancial del e-Gobierno.

Se manifiesta así un virtual divorcio entre las ofertas de e-Gobierno (en gran parte “simbólicas” por sobrecarga, defectos o falta de respuesta) y las necesidades reales y cotidianas de la mayor parte de las personas.

Las limitaciones y vicios del paradigma tradicional del Gobierno Electrónico (GE) pueden analizarse a través de tres perspectivas distintas –procesal, contextual e integradora- cuyas características se sintetizan seguidamente (Tesoro, 2002, 2007).

La perspectiva “procesal”, que focaliza en los factores “internos” del GE (factores “endóGEnos”) contempla las limitaciones y vicios determinados por las visiones, las políticas, los planes y programas, los recursos, los productos y los resultados del propio “ámbito” del GE. En un trabajo anterior (2002) se señaló un conjunto de vicios “endóGEnos” frecuentes en nuestros países; por ejemplo, la pretendida réplica de políticas, planes, programas y productos de e-Gobierno provenientes de otras latitudes, sin tomar en cuenta las diferencias en las condiciones político-institucionales, organizativas y culturales.

La perspectiva “contextual”, que considera primordialmente factores “externos” al GE (factores “exóGEnos”) contempla las limitaciones determinadas por factores éticos, político-institucionales, administrativos, económicos, sociales y culturales provenientes del “contexto” del GE. En un trabajo anterior (2002) se analizó el cruce de índices de desempeño del GE con índices de desarrollo humano, probidad pública, calidad político-democrática, gobernanza, propensión hacia la sociedad-red y equidad distributiva,

La perspectiva “integradora”, “sistémica” -y complementariamente “GEstáltica” –procura alcanzar una visión totalizadora y dinámica, considerando que las limitaciones y vicios en el desempeño del GE están determinados por la interacción directa, recíproca y cruzada de: a) factores “endóGEnos, y b) factores “exóGEnos”.

En un trabajo anterior (2002) se reseñaron algunos hallazgos emergentes de un análisis integrador, por ejemplo:

· La calidad del desempeño del GE aparece directamente relacionada con el desarrollo humano, la probidad pública, la calidad político-democrática, la gobernanza, la propensión hacia la sociedad-red y la equidad distributiva, asociándose directamente la calidad de las prestaciones “telemáticas” con la calidad de las prestaciones “humanas” de los distintos niveles y poderes del Estado con relación a las necesidades, demandas y expectativas de los integrantes de las respectivas comunidades.

· La sustentabilidad del desempeño del GE aparece directamente asociada a la calidad político-democrática y la probidad pública. En comunidades que presentan valores bajos en dichas variables, las organizaciones públicas suelen enfrentar notables dificultades para sustentar y consolidar sus eventuales avances y logros en materia de GE, así como para “apropiarse” de ellos, resultando éstos altamente vulnerables frente a las cambiantes coyunturas políticas, económicas, administrativas y personales.

· El desempeño del GE parece ser más tangible en aquellas comunidades que exhiben mayor tendencia a participar cohesivamente en cuestiones de la vida diaria (relativas, por ejemplo, a servicios comunales o locales, educación, salud, hábitat, seguridad social, previsión social) en las cuales las prestaciones telemáticas aportan mayor fluidez en procesos preexistentes de información, consulta, trámite, sugerencia y reclamo. En las comunidades que exhiben mayores limitaciones en tales procesos, las prestaciones telemáticas muestran escasas posibilidades de obviar la necesidad y las restricciones asociadas a la modalidad presencial para concretar las transacciones.

· La efectividad (como combinación de eficacia y eficiencia) del desempeño del GE se asocia al grado de coherencia y coordinación manifiestas en la administración “humana” subyacente a la telemática. En general, las comunidades con mayor probidad pública exhiben mayor propensión a coordinar efectivas interfaces entre sus integrantes y los distintos poderes, niveles y jurisdicciones del Estado. Como contrapartida, las comunidades con menores índices de probidad pública manifiestan mayores conflictos –sectoriales, de competencias, intraburocráticos corporativos y personales- que tienden a reproducirse en la faz telemática a través de superposiciones, inconsistencias, discontinuidades y deficiencias.

· La relevancia del desempeño del GE se asocia a la disposición exhibida por los distintos niveles de gobierno –comunal, local, estadual y nacional- para satisfacer necesidades, demandas y expectativas de la comunidad en sus respectivas esferas de competencia. En general puede apreciarse que en los países cuyos gobiernos exhiben tal disposición, las aplicaciones y prestaciones de GE cubren relevantes aspectos atinentes a servicios públicos, educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad y previsión social. En los países que manifiestan indicios de menor disposición al servicio, los sitios de GE exhiben mayor índole discursiva o retórica, con propósitos más “quiméricos” (por ejemplo: portales “anticorrupción”, “pro-probidad”, “para la transparencia” o “para la participación ciudadana”) como aspiraciones ideales cuyos contenidos y prestaciones distan de satisfacer.

Frente al inquietante estado que exhibe gran parte de nuestras comunidades en la satisfacción de necesidades y expectativas ciudadanas, y a la aparente escasez de opciones viables, factibles y creíbles para transformar la realidad colectiva, son frecuentes los intentos de difundir espejismos dimanantes de supuestas soluciones “cuasi-mágicas”.

La mayor parte de los países de América Latina dispone de una rica experiencia acerca de sucesivos destellos de “modernización” en la gestión estatal, que fueron opacándose paulatinamente al manifestar su ineficacia para superar limitaciones y vicios político-institucionales y administrativos. Contémplese, por ejemplo, las ilusiones y expectativas cifradas –sucesivamente- en la incursión de tecnologías de planeamiento, programación y presupuesto, de informatización, de gestión de calidad, entre otras.

Para distintos autores, el Gobierno Electrónico presenta un potencial transformador de tal magnitud que podría constituirse en un “atajo” o un “trampolín” para “sortear“ o “saltar” decenios de rezago en la satisfacción de necesidades y expectativas ciudadanas, y ubicarse en el nivel de los países más desarrollados.

Es frecuente apreciar tal tipo de visión en las formulaciones políticas y estratégicas enmarcadas en el paradigma tradicional del Gobierno Electrónico, suponiendo que éste actuará como una variable independiente que “disparará” cambios en las variables políticas, éticas, cívicas, sociales, económicas, administrativas y culturales -entre otras- que inciden sobre la calidad de las relaciones Estado-Sociedad.

La premisa que orientó nuestra indagación es que el mayor factor de incidencia del Gobierno Electrónico sobre la calidad de las relaciones Estado-Sociedad reside en las nuevas posibilidades de comunicación e interacción de la ciudadanía con los distintos niveles y poderes del Estado. Ello implica que, como medio de interacción, el Gobierno Electrónico no debería considerarse como variable independiente, sino fundamentalmente como interviniente o dependiente respecto de la calidad de las relaciones Estado-Sociedad de las comunidades.

A través de los hallazgos expuestos, surge que el desempeño del Gobierno Electrónico en cada comunidad estaría íntimamente vinculado al respectivo desarrollo político, cívico, ético, social, cultural, económico y administrativo, constituyéndose entonces el Gobierno Electrónico en un factor que contribuiría a ampliar –más que a reducir- la brecha entre países respecto de la disposición y la posibilidad de los poderes del Estado de responder y de anticiparse a necesidades y expectativas de las respectivas comunidades.

Ello implica relativizar las hipótesis del Gobierno Electrónico como “atajo” para “sortear”, o de “trampolín” para “saltar”, eventuales obstáculos o rezagos en la capacidad de servicio de los poderes del Estado. Más bien conduciría a reconocer el limitado potencial del Gobierno Electrónico en países que aparecen como “cautivos” de ciertos factores condicionantes (por ejemplo: insuficiente probidad pública, incoherencia política, dilución institucional, anomia social, inseguridad jurídica, parasitismo burocrático) que vulneran drásticamente la calidad de las relaciones Estado-Sociedad. De acuerdo con la evidencia empírica, en ese tipo de comunidades el desempeño del Gobierno Electrónico exhibirá bajos niveles de calidad, sustentabilidad, relevancia, tangibilidad y efectividad, aun cuando sus gobiernos asignen ingentes recursos al desarrollo de prestaciones telemáticas.

Por ejemplo: ¿Qué “atajo” podría ofrecer el Gobierno Electrónico para mejorar las relaciones Estado-Sociedad en una comunidad cuyas dirigencias político-burocráticas violan el estado de derecho, satirizan el orden institucional, confiscan y dilapidan el patrimonio de los ciudadanos, destruyen el capital acumulado y condenan a crecientes grupos sociales a la indigencia y la marginación? Algunos datos empíricos indican que las aplicaciones más difundidas de Gobierno Electrónico, en ese tipo de comunidades, suelen ser justamente aquellas derivadas de los ataques de los poderes públicos a la calidad de vida ciudadana; por ejemplo consultas telemáticas masivas sobre el estado de los reclamos por atropellos a garantías y derechos, atendidos por juzgados desbordados por la supuesta “litigiosidad” civil y abrumados por presiones intra, inter y extrapoderes.

Los hallazgos de la indagación permiten inferir que el Gobierno Electrónico no opera como una variable “independiente” capaz de “disparar” cambios en las variables políticas, éticas, cívicas, sociales, administrativas y culturales -entre otras- que inciden sobre la calidad de las relaciones Estado-Sociedad. En general, su desempeño aparece más bien como “dependiente” del desarrollo humano, de la calidad político democrática, de la gobernanza, de la probidad pública y de la equidad distributiva. En los países menos favorecidos en esas variables, las actitudes y conductas arraigadas en sus dirigencias político-burocráticas tenderían a neutralizar y a adaptar a su propia inercia las herramientas tecnológicas supuestamente dirigidas a mejorar las prestaciones a la ciudadanía, transformándolas en meros rituales burocráticos.

Otro factor de interferencia reside en las barreras organizacionales y políticas que se interponen entre distintos poderes, niveles, jurisdicciones, dependencias y hasta oficinas dentro del Estado. Tal como se señaló anteriormente, aun en los países con mayor valor en desempeño del Gobierno Electrónico y en las “variables contextuales”, se reconoce que el auténtico desafío del Gobierno Electrónico no reside en alcanzar la capacidad técnica para “montar” la administración gubernamental sobre la red, sino en superar o atemperar los perniciosos efectos de las referidas barreras.

Nuestros análisis indican que el mayor potencial del Gobierno Electrónico reside en su posibilidad de operar como una relevante variable “interviniente”, generando condiciones propicias para que otras variables comunitarias (por ejemplo, “participación ciudadana”, “control social”, “capital social”) catalicen –progresivamente- transformaciones en los propios “factores condicionantes”. Por ejemplo, la articulación sinérgica de esfuerzos de diversas organizaciones civiles podría inducir, a través de acciones fundadas, coherentes y sostenidas, cierta evolución en aspectos vinculados con la calidad político-democrática, la probidad pública o la gobernanza.

La pregunta obvia es si las comunidades con alta incertidumbre institucional pueden crecer en su calidad político-democrática, su probidad pública y su gobernanza. La evidencia proveniente de diversos casos indica que ello resulta factible, pero que el Gobierno Electrónico no operaría como “disparador” de tal evolución, sino que –si las demás variables mantienen sus valores- más bien podría constituirse en un medio para solapar y preservar estados patológicos. La misma profusión y superposición de “portales” y “sitios” autocalificados como “pro-transparencia”, “anti-corrupción” o “inductores de probidad”, podría interpretarse como un claro indicio de la problemática que padece una comunidad y de la ineficacia de los sistemas –tanto humanos como telemáticos- para controlarla o revertirla. Otro indicio reside en la plétora de supuestas “ONGs” integradas por elencos de políticos y burócratas que, exhibiendo cuestionables antecedentes en la función pública, propalan las hipotéticas virtudes cuasi-mágicas del Gobierno Electrónico para “optimizar” la probidad pública.

El desempeño favorable del Gobierno Electrónico sobre las relaciones Estado-Sociedad aparece condicionado por el compromiso y el ejemplo de las dirigencias respecto de: a) un estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, b) una inquebrantable vocación de servir a los integrantes de la comunidad, c) la nitidez en las conductas, y d) la transparencia y la responsabilidad por los resultados e impactos de la gestión pública. Sólo sobre esas bases el Gobierno Electrónico podrá operar, con todo su potencial, como variable “interviniente” para catalizar transformaciones que contribuyan a mejorar las relaciones Estado-Sociedad.

1.2.- El desafío impuesto por la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico

Los principios concertados y los compromisos contraídos por los gobiernos en la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico representan un claro desafío para el paradigma tradicional del Gobierno Electrónico.

La Carta representa un estímulo y una oportunidad sin precedentes para impulsar una crítica sistemática y una paulatina superación de las limitaciones y vicios –manifiestos y latentes- del decadente paradigma tradicional del Gobierno Electrónico, a través de su confrontación con el paradigma emergente del Civismo Digital, donde el Gobierno Electrónico es un derecho de los ciudadanos y un correlativo deber de los gobiernos.

En el marco de ese nuevo paradigma, la participación de la sociedad se constituye en el principal factor dinamizador del Gobierno Electrónico, dado que resulta esencial para transformar los valores, las estructuras, las normas, los procesos y los procedimientos en beneficio de la mejor atención de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas.

Denominaremos aquí Formación en Civismo Digital al proceso dirigido a incidir en los integrantes del sector público y a potenciar a los actores de la sociedad para articular la transición entre paradigmas.

2.- EL ENFOQUE PROPUESTO

2.1.- El paradigma del Civismo Digital

El paradigma del Civismo Digital se caracteriza por los siguientes valores y creencias:

a.- El hecho de que la Carta Iberoamericana reconozca al Gobierno Electrónico como un derecho de los ciudadanos, habilita a éstos para exigir y reclamar prestaciones útiles para satisfacer –de manera efectiva y eficiente- sus necesidades de información y de servicios, así como para canalizar sus inquietudes de control y participación en la gestión pública.

b.- El e-Gobierno no representa –por sí mismo- ningún “atajo” ni “trampolín”. La concreción de su potencial está críticamente condicionada por los factores político-institucionales, administrativos, organizacionales y culturales que determinan la viabilidad de mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión pública y del servicio al ciudadano.

c.- El Estado es responsable de ofrecer y difundir prestaciones de e-Gobierno que sirvan para cubrir auténticas necesidades ciudadanas. Los integrantes de la sociedad son responsables de ejercer su derecho a usar las prestaciones de e-Gobierno, de reclamar por las que no les resulten y exigir aquellas que necesitan y no están disponibles.

d.- El conocimiento acerca de las demandas y necesidades por satisfacer a través de e-Gobierno reside más en los integrantes de la sociedad que en las burocracias -políticas, administrativas y técnicas- gubernamentales.

e.- El e-Gobierno resulta prácticamente intrascendente si no contribuye -como herramienta confluente con programas de reforma institucional y modernización administrativa- a transformar los valores, las estructuras y los procesos que priorizan intereses y pugnas político-burocráticos en detrimento de las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos

f.- Los avances en e-Gobierno deben contribuir a una auténtica depuración e integración de estructuras, procesos, procedimientos y requisitos en beneficio de la calidad del servicio al ciudadano. La deseable preservación del empleo público -particularmente en entornos de alta desocupación- debe encararse por vías que no interfieran en la calidad del servicio al ciudadano.

Dicho paradigma implica un claro cuestionamiento de los factores problemáticos asociados al paradigma tradicional. A partir de las demandas, reclamos y presiones de los integrantes de la sociedad, las autoridades políticas y administrativas no pueden ya limitarse a proclamar ambiguos anuncios y logros, dado que se les exigen soluciones reales que satisfagan las demandas, reclamos y exigencias de los ciudadanos.

Como resultado, la racionalidad de los oferentes de e-Gobierno adoptará como prioridad la satisfacción de necesidades y demandas de destinatarios que -masivamente- reclaman y exigen que el e-Gobierno les permita cubrir necesidades, resolver problemas y canalizar requerimientos concretos.

Con una visión prospectiva, el desarrollo de ese proceso dará lugar a demandas y exigencias de mejores procedimientos, mejores reglamentos, mejores estructuras, mejores administraciones y mejores gobiernos, para una mejor calidad de vida ciudadana.

Una vez que las herramientas digitales hayan contribuido a plasmar transformaciones sustanciales, cabe prever una paulatina superación de la cuestión de los medios y las vías de interacción (electrónico, digital), emergiendo un nuevo paradigma resultante de una creciente articulación de las perspectivas del gobierno real y del civismo real, tanto en los poderes del Estado como en la Sociedad, para una auténtica mejora de la calidad de vida ciudadana.

2.2.- ¿Cómo se activa la transición hacia el paradigma de Civismo Digital?

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico representa un instrumento potencialmente eficaz para activar la transición desde el paradigma declinante hacia el emergente, a través de la articulación de la mirada de los destinatarios en la racionalidad política, estratégica, administrativo-organizacional y societal de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como del Gobierno Electrónico.

La necesidad de dicha articulación no es novedosa; mucha retórica se ha urdido en relación a ella –durante más de una década- con escasos resultados tangibles. Una vía efectiva para concretarla se sustenta hoy en una genuina voluntad y compromiso, de los más altos niveles políticos y administrativos, de cumplir con los principios de la Carta Iberoamericana, adoptando el paradigma de la perspectiva del ciudadano, la cual caracterizamos a través de la expresión Civismo Digital (CiDi).

En términos operativos, el proceso se inicia con el “deCiDir”, que consiste en la expresión manifiesta y comprometida de la decisión de adoptar los valores y cumplir con los principios de la Carta Iberoamericana.

El Programa de Formación en Civismo Digital se dirige a inducir y promover, en los integrantes del sector público y en los actores de la sociedad, la imprescindible transición entre paradigmas para implementar la Carta Iberoamericana, desarrollándose a través de dos grandes ejes:

2.2.1.- Formación en Civismo Digital de integrantes del sector público (InCiDir)

Se dirige a inCIDIr en la transición entre el paradigma declinante y el emergente de e-Gobierno, a través de la inducción, incorporación y articulación de la mirada (intereses, perspectivas, necesidades) de los destinatarios en la racionalidad política, estratégica, administrativo-organizacional y societal de los agentes públicos con responsabilidad en cuestiones vinculadas a la Sociedad de la Información y al Gobierno Electrónico.

La operatoria de este componente consiste básicamente en: a) el estudio y análisis en profundidad de la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico con una perspectiva que permita analizar críticamente la problemática y los vicios asociados al paradigma declinante del Gobierno Electrónico, y b) la inducción de los valores, actitudes, conocimientos y conductas del paradigma del Civismo Digital, a través de estímulos, incentivos y desincentivos.

2.2.2.- Formación en Civismo Digital de actores de la sociedad (ForCiDir)

El propósito de este eje es formar a los integrantes de la Sociedad, “desde la más temprana edad” (tal como se expresa en el epígrafe 29 de la Carta Iberoamericana), para ejercer sus derechos al Gobierno Electrónico con el paradigma del Civismo Digital.

En el corto plazo, se trata de reunir una “masa crítica” de destinatarios que usen asiduamente las prestaciones de e-Gobierno disponibles, que reclamen por las que no les resultan útiles y que exijan las que necesiten y no estén disponibles.

Con tal finalidad, el Programa se dirige a difundir el uso de prestaciones de Gobierno Electrónico entre los integrantes más vulnerables de los sectores socioeconómicos medios, medios bajos y bajos de los países de Iberoamérica, captando las necesidades directamente de los afectados y canalizando su resolución a través de prestaciones de Gobierno Electrónico disponibles en las mismas comunidades.

La operatoria este componente consiste básicamente en constituir una red de “Adalides” (líderes barriales y comunitarios) que, a través de sus amplias y densas redes de vínculos en las respectivas comunidades, capten las necesidades de los vecinos y las canalicen hacia los “Operadores” (cybers y telecentros) que se harán cargo de su tramitación mediante servicios de e-Gobierno.

Cabe señalar que la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) del COLAM-OUI está desarrollando -con el apoyo de la iniciativa 1@ + tú = 1€ de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación (CTIC), Gijón-Asturias, España- una experiencia piloto ForCIDIr en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y otras localidades de la Provincia de Buenos Aires (Argentina).

3.- CONCLUSIÓN

Con la finalidad de promover la implementación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, se destaca la pertinencia de impulsar actividades de formación de funcionarios públicos y de actores sociales dirigidos a:

i. Analizar las características, fortalezas y debilidades del paradigma tradicional del Gobierno Electrónico y del paradigma del Civismo Digital en relación a los valores, principios y orientaciones contenidos en la Carta;

ii. Determinar las fortalezas y limitaciones de las administraciones públicas (nacional, provincial, municipal) de los países, así como las posibles estrategias para implementar la Carta.

REFERENCIAS

Tesoro, J.L.; Arambarri, A.J.; González Cao, R.L.(2002): “Factores endógenos y exógenos asociados al desempeño del gobierno electrónico: hallazgos emergentes de un análisis exploratorio de experiencias nacionales. XVI Concurso de Ensayos y Monografías del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública "Gobierno Electrónico". Caracas, 2002.

http://www.clad.org.ve/concurso/ensayoconclu.html

http://www.clad.org.ve/fulltext/0043105.pdf

Tesoro, J.L (2007): “El problemático desempeño del gobierno electrónico en países en desarrollo, emergentes o en transición” // En Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) Dirección de Investigaciones: “Las políticas de reforma estatal en la democracia (1983-2003)”, Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaría de la Gestión Pública, Instituto Nacional de la Administración Pública. Buenos Aires, 2007, ISBN N° 978-987-9483-18-3, pp. 239-267.

NOTAS RELACIONADAS

Tesoro, J.L. Programa de Formación en Civismo Digital, Directorio del Estado, 01/08/2007